Tenemos que comenzar a pensar que el desarrollo sólo será posible en la medida que aprovechemos de una manera sustentable -en términos ambientales, sociales, empresariales, económicos e incluso políticos- nuestros recursos naturales. ¿En base a qué?, al aprovechamiento del principal factor de producción y de desarrollo, su objetivo mismo, el ser humano.
Alberto Acosta
«[…] Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible».
Eduardo Galeano
Ecuador está actualmente atravesando por un proceso de reorganización jurídica a través de una experiencia constituyente que busca superar los problemas estructurales que han afectado al país históricamente y que le han impedido garantizar escenarios viables de vida para la mayoría de su población.
El efecto más claro de esta afirmación es la permanente fuga de compatriotas hacia países industrializados, los altos índices de pobreza, la inseguridad, la desinstitucionalización y la ausencia de políticas de fomento a la producción sustentable.
El proceso constituyente busca encaminar al país en el sendero de un nuevo modelo de democracia basado en la participación ciudadana, en un nuevo modelo económico sustentado en la solidaridad y la equidad, en un nuevo entendimiento con la naturaleza aceptando que ésta es sujeto de derechos y por tanto de respeto, de nuevos horizontes de convivencia entre diferentes, en un marco de plurinacionalidad y bajo una organización territorial descentralizada.
Esta Constitución tiene la particularidad de recuperar la crítica al desarrollo y desarrollismo históricos con respuestas desde las corrientes más innovadoras que emergen con fuerza en el siglo XXI y que en su conjunto configuran un nuevo paradigma posdesarrollo, articulándola con el imaginario y sentido de vida de las culturas originarias de nuestro país y del continente. A esta construcción sociopolítica y cultural, la Constitución ha denominado el buen vivir, para describir un ideal sustentable entre economía, democracia, ambiente y cultura en el contexto de la diversidad ecuatoriana.
La nueva Constitución sostiene que el «Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir; el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza»[14], afirmando de esta manera el carácter holístico e integral de este proceso de cambio por la vida.
En esta dirección, se proponen varios objetivos para concretar efectivamente este enunciado, los mismos que se exponen a continuación:
- Mejorar la calidad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de la igualdad, libertad, interculturalidad, equidad de género, responsabilidad intergeneracional, cohesión e integración social y territorial.
- Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria y equitativa de los frutos del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno, estable y justo.
- Fomentar la participación y el control social, reconociendo las diversas identidades y promoviendo su representación equitativa, en todas las fases de la gestión y del poder público.
- Recuperar y mantener un ambiente sano y sustentable garantizando a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
- Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, contribuyendo a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.
- Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, garantizando la unidad del Estado.
- Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.
Para lograr estos objetivos se requiere de la mancomunidad de esfuerzos entre Estado y sociedad, a los cuales se les asignan las siguientes obligaciones:
Art. 3.- Para la consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado:
- Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las colectividades y la naturaleza.
- Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
- Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento.
- Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos.
- Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución y la ley.
- Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.
Art. 4.- Para la consecución del buen vivir, a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les corresponde:
- Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
- Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.
Reflexiones finales: viabilidad del buen vivir
a) Economía y naturaleza
El buen vivir constituye un paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida entera”[15] esté garantizada para la especie humana. Y aquí cabe una precisión fundamental: en una relación de reciprocidad entre seres humanos y naturaleza, la especie humana al garantizarse a si misma su continuidad garantiza la supervivencia de todo lo demás facilitando que los encadenamientos tróficos fluyan sin quebrantos y los ecosistemas mantengan su equilibrio y así puedan cumplir su misión ecológica de sustentar toda forma de vida; es digamos un circulo virtuoso de ecología viva.
Implica a su vez deshacernos de visiones aparentemente novedosas sobre sustentabilidad y sostenibilidad, pero que buscan más la sostenibilidad del capital que de la naturaleza, por ello, Escobar señala que “En el Tercer Mundo, el discurso del desarrollo sostenible redefine al medio biofísico como "ambiente", y concibe a éste como una reserva para el capital. Más aún, dentro de este discurso es imposible hablar de naturaleza como construcción socio‑cultural. La "naturaleza" desaparece al ser reemplazada por el "ambiente"; se declara así la muerte semiótica de la naturaleza como agente de creación social. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible reduce la ecología a una mayor forma de eficiencia. Se trata ahora de producir más a partir de menos, y con mayor racionalidad. Por otro lado, la biotecnología se erige como encargada de asegurar el uso eficiente y racional de los recursos. En los últimos años, las comunidades locales y los movimientos sociales están siendo llamados a participar en estos esquemas como "guardianes" del capital social y natural. De esta forma, discursos tales como los de la biotecnología y la biodiversidad asisten al capital en la conquista semiótica del territorio: las comunidades, o sus sobrevivientes, son finalmente reconocidos como dueños legítimos de "sus recursos" ‑o lo que queda de ellos‑ pero sólo en la medida en que acepten ver y tratar estos recursos (y ellos mismos) como "capital" a ser puesto en circulación en beneficio del proceso de acumulación.” [16]
Pero esta entrada ecológica requiere de cambios fundamentales en el entendimiento del sentido de la vida por parte de la especie humana, ello implica que la economía cobre una dimensión diferente al crecimiento económico y a la acumulación capitalista. El fetiche del consumo que la empresa capitalista nos inyecta en los poros de nuestro imaginario sobre la realización de la felicidad al poseer sus productos es la gran alienación de lo humano sobre los elementos constitutivos del ser: solidaridad, comunidad, respeto, paz, sencillez, etc.
Boaventura sostiene que existen en la actualidad indicios de un proceso de desmercantilización pues existen “formas transformadoras que hoy en día buscan crear formas donde no haya mercado capitalista, tales como organizaciones solidarias, organizaciones comunitarias, organizaciones económicas populares, cooperativas.”[17] Sostiene además que las luchas sociales contra la privatización de los sectores estratégicos como el agua en varios países, es una evidencia que amplios sectores –sobre todo populares- están saturados de la explotación privada de bienes públicos que sustentan a lo público.
Pasa el buen vivir por otro factor fundamental del modelo de sociedad y economía: abandonar el extractivismo como patrón de desarrollo del país, pues para Alberto Acosta, “Justamente las economías dependientes de la extracción de recursos naturales no son las que más han crecido en las últimas décadas. Desde los años sesenta para acá, las economías subdesarrolladas dotadas con abundantes recursos naturales han crecido a tasas menores por habitante que las que no disponen de ellos. Estas últimas, a pesar de no poseer riquezas naturales, crecieron a ritmos que fueron entre dos a tres veces superiores a las de los primeros.”[18] Irónicamente Edgardo Lander citando al economista ecológico Herman Daly dice que la extracción de recursos naturales tiene directa relación con “La habilidad de un país para sustituir capital hecho por el hombre por capital natural, lo cual depende del que otro país tome la decisión opuesta ..".
El modelo extractivista ha generado en la economía y sociedad ecuatoriana distorsiones estructurales que van desde la pérdida de soberanía frente a países industrializados y transnacionales, la persistencia de una clase neooligarquica que vive de los negocios con ellas y que ha penetrado en todas las estructuras del Estado para garantizar la perpetuidad del entreguismo nacional impidiendo la democratización de la economía, del estado y la sociedad, generando la cultura de la corrupción; impidiendo la diversificación de actividades económicas con enfoque en la seguridad alimentaria y en la competitividad de los diferentes territorios y allí por supuesto en la degradación de pueblos y culturas que se absorben en una espiral de pobreza excluyéndoles de los beneficios que los recursos extraídos generan.
b) La plurinacionalidad
El buen vivir para amplios sectores organizados de los pueblos indígenas y para muchos movimientos sociales, requiere de una condición sustancial y transversal al nuevo ordenamiento constitucional ecuatoriano: la plurinacionalidad. Para Boaventura, “La plurinacionalidad es más amplia que la interculturalidad. Puede haber interculturalidad sin plurinacionalidad pero no puede haber plurinacionalidad sin interculturalidad…. Sin embargo, esta plurinacionalidad no tiene que ser simplemente discursiva sino concreta. Y concreta quiere decir control político y control económico sobre los recursos naturales.”[19]
La plurinacionalidad surge como un requisito clave en la construcción de la nueva democracia el momento en que pueblos, culturas, nacionalidades se visibilizan en el escenario nacional luego de siglos de oprobio y exclusionismo en su contra. Surgen como actores explícitamente diferenciados por su pasado originario y reclaman especificidad en la sociedad nacional, pero no dentro de un estatuto que les conceda atención privilegiada en calidad de sub sociedades, por el contrario en la progresividad de sus luchas y derechos plantean igualdad de condiciones dentro del estado como nacionalidades, esto es derechos a gobierno propio, territorio, lengua, cultura, justicia, control de los recursos naturales bajo “consentimiento previo informado”, es decir, el acceso a recursos naturales en territorios indígenas bajo consenso con sus habitantes, pero, “La plurinacionalidad no conlleva la idea que las comunidades negocien con las multinacionales. Se necesita un organismo fuerte que regule los procesos de concesión y adjudicación, que considere la co-decisión y un nuevo modelo de reparto de los beneficios.”[20]
La corriente mayoritaria en la Asamblea Nacional Constituyente en la búsqueda de una amplia concertación y en el ánimo de avanzar hacia una democracia efectiva plantea un marco para la plurinacionalidad, entendiendola en los siguientes términos:
“Al no tratarse de definiciones territoriales, ya que el Estado es único e indivisible, cualquier interpretación de autonomías territoriales, carecería de sustento y validez jurídica e instrumental. Se reafirma, por tanto la soberania del estado. Así mismo, cualquier interpretación de representación política, diferente a los principios democráticos de elección representativa, no es admisible ni sujeta de consideración.
Los derechos colectivos, que serán parte de la Carta de Derechos, de la nueva Constitución y la ley, establecerán las formas de administración, funcionamiento y autogobierno de las nacionalidades y pueblos en sus territorios, sin que esto signifique propiedad sobre los recursos no renovables del subsuelo.
Con estos límites a la plurinacionalidad, en sentido extenso, la nueva constitución reconocería un conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas más allá del tema cultural. Se abre así intrínsicamente la posibilidad de que los recursos naturales sean valorados por sus dimensiones socioculturales y ecológicas y no exclusivamente por su rentabilidad –que además hasta ahora no ha tenido inventario favorable en ningún sentido para los pueblos locales ni para el país en su conjunto.
Aquí es preciso insistir con Boaventura que la democracia intercultural, debe tener una nueva generación de derechos colectivos que son los nuevos derechos fundamentales como es derecho al agua, a la tierra, a la soberanía alimentaria, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a los bosques y a los saberes tradicionales. Estos son los marcos en los cuales debe plantearse una democracia del nuevo siglo.[21]
c) Descentralización y re organización territorial
Otro elemento transversal dentro de esta democracia del buen vivir es el tema de la descentralización y la reorganización territorial. Sin un esquema base de descentralización que permita a cada territorio definir su futuro, será imposible esta nueva perspectiva, pues la necesidad de establecer las prioridades sobre el deber ser corresponde a quienes desde la cotidianidad de su vida sienten las necesidades locales. Por ello es imprescindible asignar competencias y recursos, así como transferir capacidades de gestión para que las perspectivas locales –en el marco de la democracia participativa y la constitución nacional- tengan la adecuada viabilidad.
Asistimos a un proceso de retorno del Estado como rector de la sociedad, un Estado fuerte y democrático, necesario para sostener un nuevo tipo de organización territorial en donde los niveles de autonomía sean claros y efectivos para combatir la inequidad y la pobreza; aquí cabe el desarrollo local como un enfoque endógeno que debe ser potencializado pues en estas dos últimas décadas, es desde lo local desde donde se ha enfrentado la crisis económica y el derrumbe del Estado y como afirma Vazquez Barquero “han surgido las iniciativas y estrategias de desarrollo local, orientadas a hacer los territorios más competitivos, a erradicar la pobreza y a detener el deterioro del patrimonio histórico y natural… La respuesta espontánea de las comunidades locales, con el objeto de neutralizar los efectos negativos de la globalización y del ajuste productivo sobre el empleo y el nivel de vida de la población, ha dado lugar a la política de desarrollo local endógeno en numerosas economías de los países emergentes y de desarrollo tardío”
En síntesis, el Buen vivir no será viable sin una nueva relación entre economía y naturaleza impulsada por una nueva actitud de las personas, las comunidades, la sociedad en su conjunto respecto al consumo; tampoco si no concebimos un Estado incluyente donde la diversidad este horizontalmente visibilizada en la plurinacionalidad, y esta claramente definida en competencias y recursos descentralizados según las necesidades definidas localmente, en cada territorio. Nuevas regiones sólo pueden trazarse si los actores locales así lo requieren, de ninguna manera bajo el mandamiento tecnocrático que aun no supera el marco clásico sobre lo que realmente es desarrollo.
- Patricio Carpio Benalcázar es sociologo, Coordinador de Relaciones Internacionales, Asamblea Nacional Constituyente
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