lunes, 28 de mayo de 2012

PROPUESTA DEL OBSERVATORIO INDIGENA NACIONA PARA LA REFORMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS "SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS Y PUEBLOS INDIGENAS""

El Sistema de Partidos Políticos.
Participación Política de los Pueblos Indígenas”







 www.renoj.org

PROPUESTA DEL OBSERVATORIO INDIGENA NACIONA PARA LA REFORMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS "TSE Y ORGANOS ELECTORALES"


PROPUESTA INDÍGENA PARA LA REFORMA ELECTORAL “INCLUSIÓN POLITICA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS” PARA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA


I.              INTRODUCCION


La observación integral realizada por la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas RENO’J en el pasado proceso electoral del año 2011, confirmó lo que ha sucedido de manera reiterativa en anteriores procesos a partir de 1985: no ha habido desarrollo de la participación y representación indígena y de mujeres en los procesos electorales ya que se mantienen los porcentajes respectivos de manera estable, a pesar del incremento de la participación cuantitativa en el padrón electoral.

Lo anterior, si bien es cierto es puntual en el caso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas,[1] se inserta y articula con la problemática señalada por diferentes actores sociales y políticos en cuanto al agotamiento del modelo político guatemalteco y las necesarias reformas integrales que otras entidades están trabajando y planteando, como las reformas que apuntalen al TSE, las sanciones a los infractores de la ley electoral, el financiamiento de los partidos, los techos económicos de las campañas, la duración de las mismas, el número de diputados en el Congreso de la República y otras que van apareciendo en la medida en que se desarrollan las discusiones y los análisis.

No se pretende una reforma sólo para los pueblos indígenas, más bien enfatiza en profundizar en las mismas y que se complementen con otros propuestas que no van en esa línea.



[1] En relación a los derechos colectivos, nos referimos a colectivo como aquella organización territorial de individuos que poseen y reclaman una ciudadanía diferenciada, es decir a ser considerados como ciudadanos con igualdad de derechos ante el Estado pero de ser capaces de expresar como colectivo humano su alteridad y su derecho a ser diferentes colectivamente. CANEK – Observatorio Cultural. http://www.canek.info / observacultura@gmail.com  /

 La condición que aparece entonces como parámetro básico para considerar que un colectivo ejerce su colectividad es el ejercicio de la libre determinación, es decir su libre capacidad para decidir su status político, que implica:
·                 La comprensión del territorio desde lo local a lo regional, es decir de abajo hacia arriba.
·                 La capacidad de organizarse según sus propios principios, valores, tradiciones e interpretación. Ello implica la existencia de estructuras organizativas paralelas a las oficiales, es decir del Estado, capaces de gestionar dicho territorio.
·                 La auto-identificación, como reconocimiento y comprensión de sí y su pertenencia, representatividad y relación con sistemas superiores.
·                 La autonomía, es decir su capacidad para elegir su sistema de gobierno, sus gobernantes y su propio derecho.









domingo, 27 de mayo de 2012

buen vivir en la nueva Constitución ecuatoriana

l buen vivir en la nueva Constitución ecuatoriana


Tenemos que comenzar a pensar que el desarrollo sólo será posible en la medida que aprovechemos de una manera sustentable -en términos ambientales, sociales, empresariales, económicos e incluso políticos- nuestros recursos naturales. ¿En base a qué?, al aprovechamiento del principal factor de producción y de desarrollo, su objetivo mismo, el ser humano.
Alberto Acosta

«[…] Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible».
Eduardo Galeano

Ecuador está actualmente atravesando por un proceso de reorganización jurídica a través de una experiencia constituyente que busca superar los problemas estructurales que han afectado al país históricamente y que le han impedido garantizar escenarios viables de vida para la mayoría de su población.

El efecto más claro de esta afirmación es la permanente fuga de compatriotas hacia países industrializados, los altos índices de pobreza, la inseguridad, la desinstitucionalización y la ausencia de políticas de fomento a la producción sustentable.

El proceso constituyente busca encaminar al país en el sendero de un nuevo modelo de democracia basado en la participación ciudadana, en un nuevo modelo económico sustentado en la solidaridad y la equidad, en un nuevo entendimiento con la naturaleza aceptando que ésta es sujeto de derechos y por tanto de respeto, de nuevos horizontes de convivencia entre diferentes, en un marco de plurinacionalidad y bajo una organización territorial descentralizada.

Esta Constitución tiene la particularidad de recuperar la crítica al desarrollo y desarrollismo históricos con respuestas desde las corrientes más innovadoras que emergen con fuerza en el siglo XXI y que en su conjunto configuran un nuevo paradigma posdesarrollo, articulándola con el imaginario y sentido de vida de las culturas originarias de nuestro país y del continente. A esta construcción sociopolítica y cultural, la Constitución ha denominado el buen vivir, para describir un ideal sustentable entre economía, democracia, ambiente y cultura en el contexto de la diversidad ecuatoriana.

La nueva Constitución sostiene que el «
Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir; el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza»[14], afirmando de esta manera el carácter holístico e integral de este proceso de cambio por la vida.

En esta dirección, se proponen varios objetivos para concretar efectivamente este enunciado, los mismos que se exponen a continuación:

  1. Mejorar la calidad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de la igualdad, libertad, interculturalidad, equidad de género, responsabilidad intergeneracional, cohesión e integración social y territorial.
  2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria y equitativa de los frutos del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno, estable y justo.
  3. Fomentar la participación y el control social, reconociendo las diversas identidades y promoviendo su representación equitativa, en todas las fases de la gestión y del poder público.
  4. Recuperar y mantener un ambiente sano y sustentable garantizando a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
  5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, contribuyendo a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.
  6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, garantizando la unidad del Estado.
  7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.

Para lograr estos objetivos se requiere de la mancomunidad de esfuerzos entre Estado y sociedad, a los cuales se les asignan las siguientes obligaciones:

Art. 3.- Para la consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado:

  1. Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las colectividades y la naturaleza.
  2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
  3. Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento.
  4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos.
  5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución y la ley.
  6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

Art. 4.- Para la consecución del buen vivir, a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

  1. Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
  2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.

Reflexiones finales: viabilidad del buen vivir

a) Economía y naturaleza

El buen vivir constituye un paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida entera”[15] esté garantizada para la especie humana. Y aquí cabe una precisión fundamental: en una relación de reciprocidad entre seres humanos y naturaleza, la especie humana al garantizarse a si misma su continuidad garantiza la supervivencia de todo lo demás facilitando que los encadenamientos tróficos fluyan sin quebrantos y los ecosistemas mantengan su equilibrio y así puedan cumplir su misión ecológica de sustentar toda forma de vida; es digamos un circulo virtuoso de ecología viva.

Implica a su vez deshacernos de visiones aparentemente novedosas sobre sustentabilidad y sostenibilidad, pero que buscan más la sostenibilidad del capital que de la naturaleza, por ello, Escobar señala que “En el Tercer Mundo, el discurso del desarrollo sostenible redefine al medio biofísico como "ambiente", y concibe a éste como una reserva para el capital. Más aún, dentro de este discurso es imposible hablar de naturaleza como construcción socio‑cultural. La "naturaleza" desaparece al ser reemplazada por el "ambiente"; se declara así la muerte semiótica de la naturaleza como agente de creación social. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible reduce la ecología a una mayor forma de eficiencia. Se trata ahora de producir más a partir de menos, y con mayor racionalidad. Por otro lado, la biotecnología se erige como encargada de asegurar el uso eficiente y racional de los recursos. En los últimos años, las comunidades locales y los movimientos sociales están siendo llamados a participar en estos esquemas como "guardianes" del capital social y natural. De esta forma, discursos tales como los de la biotecnología y la biodiversidad asisten al capital en la conquista semiótica del territorio: las comunidades, o sus sobrevivientes, son finalmente reconocidos como dueños legítimos de "sus recursos" ‑o lo que queda de ellos‑ pero sólo en la medida en que acepten ver y tratar estos recursos (y ellos mismos) como "capital" a ser puesto en circulación en beneficio del proceso de acumulación.” [16]

Pero esta entrada ecológica requiere de cambios fundamentales en el entendimiento del sentido de la vida por parte de la especie humana, ello implica que la economía cobre una dimensión diferente al crecimiento económico y a la acumulación capitalista. El fetiche del consumo que la empresa capitalista nos inyecta en los poros de nuestro imaginario sobre la realización de la felicidad al poseer sus productos es la gran alienación de lo humano sobre los elementos constitutivos del ser: solidaridad, comunidad, respeto, paz, sencillez, etc.

Boaventura sostiene que existen en la actualidad indicios de un proceso de desmercantilización pues existen “formas transformadoras que hoy en día buscan
 crear formas donde no haya mercado capitalista, tales como organizaciones solidarias, organizaciones comunitarias, organizaciones económicas populares, cooperativas.”[17] Sostiene además que las luchas sociales contra la privatización de los sectores estratégicos como el agua en varios países, es una evidencia que amplios sectores –sobre todo populares- están saturados de la explotación privada de bienes públicos que sustentan a lo público.

Pasa el buen vivir por otro factor fundamental del modelo de sociedad y economía: abandonar el extractivismo como patrón de desarrollo del país, pues para Alberto Acosta, “
Justamente las economías dependientes de la extracción de recursos naturales no son las que más han crecido en las últimas décadas. Desde los años sesenta para acá, las economías subdesarrolladas dotadas con abundantes recursos naturales han crecido a tasas menores por habitante que las que no disponen de ellos. Estas últimas, a pesar de no poseer riquezas naturales, crecieron a ritmos que fueron entre dos a tres veces superiores a las de los primeros.”[18] Irónicamente Edgardo Lander citando al economista ecológico Herman Daly dice que la extracción de recursos naturales tiene directa relación con “La habilidad de un país para sustituir capital hecho por el hombre por capital natural, lo cual depende del que otro país tome la decisión opuesta ..".

El modelo extractivista ha generado en la economía y sociedad ecuatoriana distorsiones estructurales que van desde la pérdida de soberanía frente a países industrializados y transnacionales, la persistencia de una clase neooligarquica que vive de los negocios con ellas y que ha penetrado en todas las estructuras del Estado para garantizar la perpetuidad del entreguismo nacional impidiendo la democratización de la economía, del estado y la sociedad, generando la cultura de la corrupción; impidiendo la diversificación de actividades económicas con enfoque en la seguridad alimentaria y en la competitividad de los diferentes territorios y allí por supuesto en la degradación de pueblos y culturas que se absorben en una espiral de pobreza excluyéndoles de los beneficios que los recursos extraídos generan.

b)  La plurinacionalidad

El buen vivir para amplios sectores organizados de los pueblos indígenas y para muchos movimientos sociales, requiere de una condición sustancial y transversal al nuevo ordenamiento constitucional ecuatoriano: la plurinacionalidad.  Para Boaventura, “
La plurinacionalidad es más amplia que la interculturalidad. Puede haber interculturalidad sin plurinacionalidad pero no puede haber plurinacionalidad sin interculturalidad…. Sin embargo, esta plurinacionalidad no tiene que ser simplemente discursiva sino concreta. Y concreta quiere decir control político y control económico sobre los recursos naturales.”[19]

La plurinacionalidad surge como un requisito clave en la construcción de la nueva democracia el momento en que pueblos, culturas, nacionalidades se visibilizan en el escenario nacional luego de siglos de oprobio y exclusionismo en su contra. Surgen como actores explícitamente diferenciados por su pasado originario y reclaman especificidad en la sociedad nacional, pero no dentro de un estatuto que les conceda atención privilegiada en calidad de sub sociedades, por el contrario en la progresividad de sus luchas y derechos plantean igualdad de condiciones dentro del estado como nacionalidades, esto es derechos a gobierno propio, territorio, lengua, cultura, justicia, control de los recursos naturales bajo “consentimiento previo informado”, es decir, el acceso a recursos naturales en territorios indígenas bajo consenso con sus habitantes, pero, “
La plurinacionalidad no conlleva la idea que las comunidades negocien con las multinacionales. Se necesita un organismo fuerte que regule los procesos de concesión y adjudicación, que considere la co-decisión y un nuevo modelo de reparto de los beneficios.”[20]

La corriente mayoritaria en la Asamblea Nacional Constituyente en la búsqueda de una amplia concertación y en el ánimo de avanzar hacia una democracia efectiva plantea un marco para la plurinacionalidad, entendiendola en los siguientes términos:
“Al no tratarse de definiciones territoriales, ya que el Estado es único e indivisible, cualquier interpretación de autonomías territoriales, carecería de sustento y validez jurídica e instrumental. Se reafirma, por tanto la soberania del estado. Así mismo, cualquier interpretación de representación política, diferente a los principios democráticos de elección representativa, no es admisible ni sujeta de consideración.

Los derechos colectivos, que serán parte de la Carta de Derechos, de la nueva Constitución y la ley, establecerán las formas de administración, funcionamiento y autogobierno de las nacionalidades y pueblos en sus territorios, sin que esto signifique propiedad sobre los recursos no renovables del subsuelo.

Con estos límites a la plurinacionalidad, en sentido extenso, la nueva constitución reconocería un conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas más allá del tema cultural. Se abre así intrínsicamente la posibilidad de que los recursos naturales sean valorados por sus dimensiones socioculturales y ecológicas y no exclusivamente por su rentabilidad –que además hasta ahora no ha tenido inventario favorable en ningún sentido para los pueblos locales ni para el país en su conjunto.  

Aquí es preciso insistir con Boaventura que la democracia intercultural, debe tener una nueva generación de derechos colectivos que son los nuevos derechos fundamentales como es derecho al agua, a la tierra, a la soberanía alimentaria, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a los bosques y a los saberes tradicionales. Estos son los marcos en los cuales debe plantearse una democracia del nuevo siglo.[21]

c) Descentralización y re organización territorial

Otro elemento transversal dentro de esta democracia del buen vivir es el tema de la descentralización y la reorganización territorial. Sin un esquema base de descentralización que permita a cada territorio definir su futuro, será imposible esta nueva perspectiva, pues la necesidad de establecer las prioridades sobre el deber ser corresponde a quienes desde la cotidianidad de su vida sienten las necesidades locales. Por ello es imprescindible asignar competencias y recursos, así como transferir capacidades de gestión para que las perspectivas locales –en el marco de la democracia participativa y la constitución nacional- tengan la adecuada viabilidad.

Asistimos a un proceso de retorno del Estado como rector de la sociedad, un Estado fuerte y democrático, necesario para sostener un nuevo tipo de organización territorial en donde los niveles de autonomía sean claros y efectivos para combatir la inequidad y la pobreza; aquí cabe el desarrollo local como un enfoque endógeno que debe ser potencializado pues en estas dos últimas décadas, es desde lo local desde donde se ha enfrentado la crisis económica y el derrumbe del Estado y como afirma Vazquez Barquero 
han surgido las iniciativas y estrategias de desarrollo local, orientadas a hacer los territorios más competitivos, a erradicar la pobreza y a detener el deterioro del patrimonio histórico y natural… La respuesta espontánea de las comunidades locales, con el objeto de neutralizar los efectos negativos de la globalización y del ajuste productivo sobre el empleo y el nivel de vida de la población, ha dado lugar a la política de desarrollo local endógeno en numerosas economías de los países emergentes y de desarrollo tardío”   

En síntesis, el Buen vivir no será viable sin una nueva relación entre economía y naturaleza impulsada por una nueva actitud de las personas, las comunidades, la sociedad en su conjunto respecto al consumo; tampoco si no concebimos un Estado incluyente donde la diversidad este horizontalmente visibilizada en la plurinacionalidad, y esta claramente definida en competencias y recursos descentralizados según las necesidades definidas localmente, en cada territorio. Nuevas regiones sólo pueden trazarse si los actores locales así lo requieren, de ninguna manera bajo el mandamiento tecnocrático que aun no supera el marco clásico sobre lo que realmente es desarrollo.


- Patricio Carpio Benalcázar es sociologo, Coordinador de Relaciones Internacionales, Asamblea Nacional Constituyente

EL BUEN VIVIR

l buen vivir constituye un paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida entera” esté garantizada para la especie humana. Y aquí cabe una precisión fundamental: en una relación de reciprocidad entre seres humanos y naturaleza, la especie humana al garantizarse a si misma su continuidad garantiza la supervivencia de todo lo demás facilitando que los encadenamientos tróficos fluyan sin quebrantos y los ecosistemas mantengan su equilibrio y así puedan cumplir su misión ecológica de sustentar toda forma de vida; es digamos un circulo virtuoso de ecología viva.

Implica a su vez deshacernos de visiones aparentemente novedosas sobre sustentabilidad y sostenibilidad, pero que buscan más la sostenibilidad del capital que de la naturaleza, por ello, Escobar señala que “En el Tercer Mundo, el discurso del desarrollo sostenible redefine al medio biofísico como "ambiente", y concibe a éste como una reserva para el capital. Más aún, dentro de este discurso es imposible hablar de naturaleza como construcción socio-cultural. La "naturaleza" desaparece al ser reemplazada por el "ambiente"; se declara así la muerte semiótica de la naturaleza como agente de creación social. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible reduce la ecología a una mayor forma de eficiencia. Se trata ahora de producir más a partir de menos, y con mayor racionalidad.

Por otro lado, la biotecnología se erige como encargada de asegurar el uso eficiente y racional de los recursos. En los últimos años, las comunidades locales y los movimientos sociales están siendo llamados a participar en estos esquemas como "guardianes" del capital social y natural. De esta forma, discursos tales como los de la biotecnología y la biodiversidad asisten al capital en la conquista semiótica del territorio: las comunidades, o sus sobrevivientes, son finalmente reconocidos como dueños legítimos de "sus recursos" ‑o lo que queda de ellos‑ pero sólo en la medida en que acepten ver y tratar estos recursos (y ellos mismos) como "capital" a ser puesto en circulación en beneficio del proceso de acumulación.”

Pero esta entrada ecológica requiere de cambios fundamentales en el entendimiento del sentido de la vida por parte de la especie humana, ello implica que la economía cobre una dimensión diferente al crecimiento económico y a la acumulación capitalista. El fetiche del consumo que la empresa capitalista nos inyecta en los poros de nuestro imaginario sobre la realización de la felicidad al poseer sus productos es la gran alienación de lo humano sobre los elementos constitutivos del ser: solidaridad, comunidad, respeto, paz, sencillez, etc.

Extraído de El buen vivir, más allá del desarrollo: la nueva perspectiva constitucional. Patricio Carpio Benalcázar

Propuesta de los Pueblos Indígenas de América a los gobiernos de los Estados OEA

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16 Abril / Propuesta de los Pueblos Indígenas de América a los gobiernos de los Estados OEA

Los Pueblos, Naciones y Organizaciones Indígenas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, presentamos en este documento nuestras principales preocupaciones y nuestras propuestas a los 34 jefes de Estados miembros de la OEA que se reunirán en Cartagena, Colombia los días 14 y 15 de abril de 2012, en el marco de la VI Cumbre de las Américas, que tiene como lema: “Conectando las Américas: Socios para la prosperidad”.
IV Cumbre de Líderes Indígenas de Las Américas – CLIA. Tejiendo Alianzas por la defensa de la Madre Tierra. Cartagena de Indias, Colombia, 10 al 13 de abril En las Américas viven entre 45 y 50 millones de personas pertenecientes a más de 400 pueblos indígenas que conservan sus propios idiomas, visiones del mundo y formas de organización social y política, lo cual convierte a nuestro continente en heredero de una gran diversidad de culturas, de idiomas, de pueblos y de nacionalidades indígenas.
En las últimas décadas los derechos y el carácter pluriétnico y pluricultural de los Estados americanos han sido reconocidos en la gran mayoría de sus constituciones políticas. Otros países de la región como Bolivia y Ecuador se han constituido en Estados plurinacionales, reconociéndoles a los pueblos milenarios el carácter de naciones. En el mismo sentido, un importante número de instrumentos políticos y jurídicos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, han sido ratificados y avalados por los diferentes países.
No obstante, estudios sobre pobreza en la región concluyen que, a pesar de la creciente influencia política de los pueblos indígenas, éstos muestran pocos avances en materia económica y social, continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación y mayor incidencia de enfermedades y discriminación en comparación con otros sectores vulnerables. La situación para niñas, niños y adolescentes en Bolivia, Perú y Ecuador es de riesgo alarmante, ya que son víctimas de explotación sexual y laboral, y padecen las peores formas de trabajo infantil. Adicionalmente, los pueblos indígenas que viven en países en situación de conflicto o zonas fronterizas enfrentan desafíos adicionales derivados del narcotráfico, la militarización de sus territorios y la pérdida de sus espacios de desarrollo y reproducción social, cultural y económica.
En Colombia esta situación se agrava por el riesgo de exterminio físico y cultural, generado entre otros, por los impactos del conflicto armado interno.
La situación de los pueblos indígenas en las Américas se empeora con la militarización creciente, la criminalización de las protestas sociales, en especial las efectuadas por las organizaciones indígenas. También resulta de gran preocupación para los pueblos indígenas de la Américas, las políticas de desarrollo, en particular las políticas extractivistas: la minería por ejemplo, es un problema global que genera despojo territorial, desintegración, rompimiento del tejido social y exterminio de los pueblos.
Teniendo en cuenta lo anterior, exhortamos a todos los Estados de las Américas a que implementen, junto con los pueblos indígenas, las siguientes propuestas y recomendaciones:
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
En relación con la participación de los pueblos indígenas en la OEA, manifestamos que las actuales reglas de participación en este organismo no incluyen a nuestros pueblos, por lo cual, se recomienda:
a) Que en la OEA se instituya una instancia que garantice la interlocución política entre los Estados partes y los pueblos indígenas de las Américas. Se recomienda la constitución de un Grupo de Expertos Indígenas, quienes en coordinación con la OEA, propondrán los lineamientos sobre esta instancia de interlocución.
b) Fortalecer las instancias de protección de los derechos humanos de la OEA (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), y evitar que se promuevan enfrentamientos y tensiones por la protección de derechos humanos de los pueblos indígenas versus el desarrollo económico de los Estados.
c) Constituir a grupo de autoridades indígenas de pueblos de las Américas en un órgano consultor y/o consejero de los Jefes de Estados las Américas, para que el punto de referencia de sus decisiones posea el sentido de vida y de armonía de los pueblos indígenas.
En relación con los instrumentos jurídicos, los pueblos y organizaciones indígenas reconocemos los avances en la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de nuestros derechos. No obstante, insistimos en la necesidad de contar con herramientas jurídicas y políticas en el sistema interamericano.
Por lo anterior se recomienda:
a) Aprobar de manera urgente la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, respetando, como estándar mínimo para la negociación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Requerimos a los Estados para que en la Declaración Americana se incorporen las realidades específicas y diferentes de los pueblos indígenas de la región.
b) El proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas como pueblos con el derecho a la autodeterminación sin discriminación. Ello se aplica a los pueblos indígenas en los territorios no autónomos. (Artículo 3º de la UNDRIP).
c) Impulsar la elaboración y aprobación de una Convención Americana sobre consulta previa y consentimiento previo libre e informado para los pueblos indígenas y tribales.
En relación con los temas de la VI Cumbre de las Américas:
Con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODSM), se recomienda: Adoptar medidas efectivas y eficaces para reducir el empobrecimiento extremo y la marginación social y económica de los pueblos indígenas, como una prioridad de los Estados de las Américas.
a) Los Estados deben adoptar medidas eficaces para erradicar la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes indígenas.
En relación con la seguridad: se urge a los Estados para que adopten medidas efectivas y eficaces referidas a la necesidad de seguridad y protección de los pueblos indígenas de las Américas, en especial, los pueblos en riesgo de extinción y exterminio físico y cultural, prioritariamente para los que se ubican en la Cuenca Amazónica de los nueve países que la conforman.
a) Los Estados deben adoptar medidas adecuadas para reconocer, restituir y proteger las tierras, los territorios, el medio ambiente y las culturas de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o en contacto inicial.
En relación con los desastres naturales: Exhortamos a los Estados para que se adopten medidas integrales que prevengan estos desastres, que en su gran mayoría son causados por acciones u omisiones humanas y políticas de los gobiernos.
a) Se recomienda analizar las consecuencias que estos desastres naturales generan en los pueblos indígenas y el mayor riesgo que tienen por la fragilidad de los ecosistemas en los que habitan. Invitamos a los Estados a tomar en cuenta los conocimientos y los aportes que los pueblos indígenas han hecho a la humanidad para el manejo de la naturaleza y sus ecosistemas.
Con respecto a la integración física de las Américas, es de gran preocupación para nosotros esta integración, en la medida que está asociada con la extracción de nuestros recursos naturales y encaminada a posibilitar su explotación, lo cual conlleva serias y graves consecuencias en la vida de los pueblos indígenas. Consideramos, esperamos y exhortamos para que el desarrollo no signifique para nuestros pueblos mayor empobrecimiento y mayores riesgos de exterminio. En relación con este tema debatiremos sobre las consecuencias y el significado Plan Puebla Panamá, IIRSA y otros megaproyectos que se planean para la integración.
a) En atención a lo anterior, se requiere el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas cuando: i) sus derechos inherentes puedan ser afectados, en particular los derechos relacionados con las tierras, el agua, los recursos (inclusive los subterráneos) y los territorios (Artículo 26 de la UNDRIP); ii) se contemple realizar actividades comerciales y de desarrollo, incluidos los acuerdos de libre comercio y las actividades industriales de extracción, en las que participen empresas transnacionales en los territorios indígenas; y ii) cuando se ponga en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo.
En relación con el acceso a y utilización de tecnologías se recomienda: facilitar, apoyar y promover el uso y desarrollo adecuados de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los pueblos indígenas, a fin de fortalecer su bienestar político, social, educativo, cultural, espiritual y económico, incluido los sistemas educativos indígenas.
a) Asegurar la libertad de expresión y formular políticas públicas para la comunicación indígena, fundamentadas en la comunicación y en las formas de transmisión de los saberes propios.
En relación con los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas:
a) Adoptar medidas efectivas para asegurar la protección contra las violaciones de los derechos humanos, relacionadas con el derecho al territorio, el conflicto armado y sus múltiples consecuencias, la trata de personas, la migración, el desplazamiento forzado y la reubicación forzada de los pueblos indígenas, entre otras.
b) Los pueblos indígenas de Colombia manifiestan su preocupación por la presencia y el desarrollo del conflicto en sus territorios ancestrales, por ello exhortamos a los Estados de la región a instar al Estado Colombiano a trabajar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado, en la que los pueblos indígenas como actores políticos y de paz, jueguen un papel importante.
Finalmente, es nuestro deseo recordar que las promesas de progreso y desarrollo que en algún momento guiaron a toda la humanidad, ya mostraron a plenitud todas sus limitaciones y efectos devastadores, sobre todo en países “altamente desarrollados” como los europeos, en los que hoy en día la prioridad ya no es el desarrollo, sino la forma de revertir todo el daño que se ha causado.
Los problemas globales necesitan soluciones globales estructurales. Requerimos un amplio cambio en la visión de la vida; la humanidad busca respuestas y los pueblos indígenas planteamos el paradigma de la cultura de la vida, que es comunitario y natural (CAOI, 2010).
Los invitamos a formar parte de esta alianza por la defensa de la Madre Tierra y de la vida en todas sus formas (Las plantas, los animales, los seres humanos etc.).
Bogotá, Colombia 12 de Marzo de 2012

viernes, 4 de mayo de 2012

RIMINALIZACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SANTA CRUZ BARRILLAS HUEHUETENANGO, GUATEMALA


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNAICONAL
CRIMINALIZACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SANTA CRUZ BARRILLAS HUEHUETENANGO, GUATEMALA


Ante la opinión pública nacional e internacional, ante los últimos acontecimientos sucedidos en el municipio de Santa Cruz Barillas Huehuetenango, Guatemala 
 EL Observatorio Indígena Nacional y la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas RENO'J.


 MANIFESTAMOS:

Nuestra preocupación profunda a los hechos violentos de parte del Estado de Guatemala y sus aparatos, tales como el ejército y la policía desplazados en las comunidades rurales del municipio de Santa Cruz Barrillas del Departamento de Huehuetenango.

Hemos observado la actitud, la agresión militar y humana que el ejército del Estado y la Policía Nacional Civil contra las comunidades indígenas, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Esta actitud de agresión militar de parte del Gobierno del General Otto Pérez Molina del Partido Patriota, refleja una vez más las acciones emprendidas durante el conflicto armado, quien fue parte de la dirigencia y al mando del ejército en Guatemala.

La población indígena del municipio de Barrilas, fueron víctimas del conflicto armado y con la agresión militar y violenta e humana de parte del actual gobierno, intimida y violenta los derechos humanos reconocidos en la declaración universal de los derechos humanos.

La presencia del ejército en el municipio de Barrillas Huehuetenango, es producto de la empresa Hidrosanta Cruz, y que pretenden construir una hidroeléctrica sin consulta previo a la población según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Diversas comunidades del altiplano y norte del país, estamos pues preocupados ante estos hechos militares violentos y que violan los derechos humanos, y solicitamos a la Corte Interamericana, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Investigación  pronta y profunda del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel, así como las personas heridos, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, propietarios de las tierras.



Los conflictos sociales en Barillas están directamente relacionados con la autorización y operaciones de Hidro Santa Cruz, S.A. que ha sido favorecida por los gobiernos de turno, sin dar cumplimiento al Derecho a la consulta previa, libre e informada los habitantes afectados. Es decir que el gobierno actual ha violentado los derechos de los pueblos indígenas.

El Observatorio Indígena Nacional, manifestamos nuestro rechazo a los actos vandálicos sucedidos en Santa Cruz Barillas, consecuencias y resultados de la imposición de un proyecto, Empresa Hidrosanta Cruz con el aval del gobierno, sin el consentimiento y previo de la población.

EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL GENERAL OTTO PÉREZ MOLINA DEL PARTIDO PATRIOTA:


La suspensión de la licencia de construcción y operación de la Hidroelectrica, Empresa Hidrosanta Cruz.
·         El retiro del Ejército en la zona comunitarias
·         Una comisión de alto nivel encabezada por la presidencia y con participación de organizaciones de la Sociedad Civil

CRIMINALIZACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNAICONAL

CRIMINALIZACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

SANTA CRUZ BARRILLAS HUEHUETENANGO, GUATEMALA



Guatemala, 07 de Marzo de 2,012. Ante la opinión pública nacional e internacional, ante los últimos acontecimientos sucedidos en el municipio de Santa Cruz Barillas Huehuetenango, Guatemala 

La situación de conflictividad actual que se vive la población en el municipio de Santa Cruz Barillas Huehuetenango, como afirman comunicados de diversas organizaciones “tiene su origen en la falta de respeto por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales a la decisión de la población expresada en la Consulta Comunitaria de Buena Fe en el 2007, basada en el derecho ancestral de los Pueblos, en el Convenio 169 de la OIT y leyes nacionales, en rechazo a la actividad minera y otros megaproyectos, como las hidroeléctricas que dañaran los bienes naturales y atentaran en contra de la dignidad de los pueblos indígenas”.


 MANIFESTAMOS:

Nuestra preocupación profunda a los hechos violentos de parte del Estado de Guatemala y sus aparatos, tales como el ejército y la policía desplazados en las comunidades rurales del municipio de Santa Cruz Barrillas del Departamento de Huehuetenango.

Hemos observado la actitud de la agresión militar y humana que el ejército del Estado y la Policía Nacional Civil contra las comunidades indígenas, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Esta actitud de agresión militar de parte del Gobierno del General Otto Pérez Molina del Partido Patriota, refleja una vez más las acciones emprendidas durante el conflicto armado, quien fue parte de la dirigencia y al mando del ejército en Guatemala.

La población indígena del municipio de Barrilas, fueron víctimas del conflicto armado y con la agresión militar y violenta e humana de parte del actual gobierno, intimida y violenta los derechos humanos reconocidos en la declaración universal de los derechos humanos.

La presencia del ejército en el municipio de Barrillas Huehuetenango, es producto de la empresa Hidrosanta Cruz, y que pretenden construir una hidroeléctrica sin consulta previo a la población según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Diversas comunidades del altiplano y norte del país, estamos pues preocupados ante estos hechos militares violentos y que violan los derechos humanos, y solicitamos a la Corte Interamericana, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Investigación  pronta y profunda del asesinato del señor Andrés Francisco Miguel, así como las personas heridos, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, propietarios de las tierras.

Los conflictos sociales en Barillas están directamente relacionados con la autorización y operaciones de la Empresa Hidrosanta, S.A. que ha sido favorecida por los gobiernos de turno, sin dar cumplimiento al Derecho a la consulta previa, libre e informada los habitantes afectados. Es decir que el gobierno actual ha violentado los derechos de los pueblos indígenas.
A pesar del rechazo a los megaproyectos, la compañía Hidro Santa Cruz, la cual irrespetando la voluntad de la población persistió en la instalación de una hidroeléctrica, bajo el cuestionable argumento de generar desarrollo. En repetidas ocasiones líderes y lideresas comunitarias han exigido el respeto a sus decisiones y han hecho propuestas a las autoridades municipales para que las acciones de desarrollo no estén basadas en la explotación de los recursos naturales.

El Observatorio Indígena Nacional, manifestamos nuestro rechazo a los actos vandálicos sucedidos en Santa Cruz Barillas, consecuencias y resultados de la imposición de un proyecto, Empresa Hidrosanta Cruz con el aval del gobierno, sin el consentimiento y previo de la población.


EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL GENERAL OTTO PÉREZ MOLINA DEL PARTIDO PATRIOTA:

La suspensión de la licencia de construcción y operación de la Hidroelectrica, Empresa Hidrosanta Cruz.
El retiro del Ejército en las zonas comunitarias
Una comisión de alto nivel encabezada por la presidencia y con participación de organizaciones de la Sociedad civil para escuchar las demandas de los pueblos del municipio de Santa Cruz Barillas para encontrar de manera democrática soluciones viables, sin afectar a las comunidades y sin privilegiar los intereses empresariales.

Siwan Tinamit, Guatemala, 04 de mayo de 2012.
 ¡Por la Defensa de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas!


martes, 1 de mayo de 2012

Propuesta Indígena para la Reforma Electoral

Propuesta de Indígena a la Reforma Electoral 2012
Observatorio Indígena Nacional 

La observación integral realizada por la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas RENO’J en el pasado proceso electoral del año 2011, confirmó lo que ha sucedido de manera reiterativa en anteriores procesos a partir de 1985: no ha habido desarrollo de la participación y representación indígena y de mujeres en los procesos electorales ya que se mantienen los porcentajes respectivos de manera estable, a pesar del incremento de la participación cuantitativa en el padrón electoral.
 Lo anterior, si bien es cierto es puntual en el caso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se inserta y articula con la problemática señalada por diferentes actores sociales y políticos en cuanto al agotamiento del modelo político guatemalteco y las necesarias reformas integrales que otras entidades están trabajando y planteando, como las reformas que apuntalen al TSE, las sanciones a los infractores de la ley electoral, el financiamiento de los partidos, los techos económicos de las campañas, la duración de las mismas, el número de diputados en el Congreso de la República y otras que van apareciendo en la medida en que se desarrollan las discusiones y los análisis

No se pretende una reforma sólo para los pueblos indígenas, más bien enfatiza en profundizar en las mismas y que se complementen con otros propuestas que no van en esa línea. 

INTERESADOS PUEDEN BAJAR EL DOCUMENTO EN LA PAGINA WEB  
www.renoj.org 



Boletin Informativo 1. Observatorio Indígena Nacional

Primer Boletin Informativo Observatorio Indígena Nacional